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Justicia Electoral

Por César Stevens

9 de abril de 2021.-El proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determina que MORENA y sus candidatos tuvieron un proceso de precampaña y por ende tienen obligaciones que cumplir. Felix Salgado no las cumplió y la ley es clara al respecto: si los precandidatos no cumplen con sus obligaciones fiscales se les sanciona. Específicamente, si no presentan su informe de gastos dentro del plazo establecido no podrán ser candidatos. Pero entonces ¿dónde deja esto a Morón?, ¿dónde nos deja a todos los demás?

De aprobarse el mencionado proyecto de sentencia estaría claro que el TEPJF no quiere cargar con la responsabilidad de negar registros a candidatos del partido en el poder, básicamente le dirá al INE: es cierto, tienes razón. Tu dictamen está en lo correcto, sí existieron precandidatos en MORENA y no presentaron sus informes, por ende no pueden ser candidatos, PERO revisalo de nuevo y decide otra vez.

El tribunal no está cambiando la decisión del INE, no está modificando el sentido de lo acordado por este instituto. El tribunal sólo está haciendo dos cosas: primero le está asegurando al órgano electoral que sus decisiones son las que importan, pues si después de esto se impugna el nuevo acuerdo, el Tribunal sólo tendrá que remitirse a esta sentencia y decir que dejó claro que el instituto tiene atribuciones y capacidades idóneas para sancionar, más si lo hacen tomando en cuenta lo dicho por el tribunal; y segundo, no le dará tiempo al INE para reflexionar, le dará tiempo a las fuerzas políticas para presionar al instituto y ver quién cabildea más votos.

Pero, si la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral es tan tibia para resolver la impugnación de una sanción que fue aprobada por unanimidad de votos, ¿Dónde deja eso a Morón? Bien podría interpretarse entonces que para el precandidato de Morena en Michoacán, la respuesta será favorable (muy a pesar de los errores en su demanda), le devolverán su candidatura, pues la votación de su caso estuvo sumamente dividida.

Ya dejamos claro que el Tribunal Electoral no quiere ser el verdugo de esta historia, así que seguramente la sentencia para Raúl será en el mismo sentido: sí fue precandidato e incumplió con sus obligaciones, pretendió presentar su informe de manera extemporánea, pero le dejamos al INE la última palabra. Es decir, si el Tribunal Electoral toma sus decisiones en este sentido estará diciendo que sí se violó la ley pero, si así lo deciden, pueden ignorarla. Entonces las leyes fueron hechas para romperlas, pero con todo esto ¿cómo quedamos los demás?

En primer lugar, el Tribunal dejará claro que sí existe la división de poderes pero que prefieren no agravar el conflicto existente con la fuerza política en el poder, no se doblegan pero no se mantienen firmes (quizá ya tienen suficientes batallas en curso con el ejecutivo federal). En segundo lugar (y esto depende enteramente del INE) si se concede la candidatura a Felix Salgado quedará claro que importa más la injerencia del Presidente y de los poderosos, que la ley o las exigencias de la sociedad. Si confirman la candidatura de Macedonio le habrán fallado al país, a la historia y al estado de derecho.

El caso de Raúl Morón es más delicado pues las autoridades electorales tienen los mismos elementos que con Felix para no otorgarle la candidatura, pero la diferencia radica en que tienen algunos elementos para sí otorgarsela. En mi opinión, si el INE decide otorgarle la candidatura a Raúl Morón deberá especificar que este fue un caso extraordinario y justificar porqué fue así, además que deberá dejar claro que esto no sentará ningún precedente, y a raíz de esta sentencia tendrá que fortalecer y mejorar los sistemas de capacitación para los precandidatos y candidatos en materia de fiscalización y deberá ser minucioso para que las impugnaciones que presenten los demás partidos a su decisión no tengan razones válidas (lo cual a mi parecer será casi imposible).

Lo correcto, lo legal, lo más adecuado es negar los registros de los candidatos que no cumplieron con sus obligaciones fiscales. Aunque esto traiga repercusiones políticas a corto plazo, debe pesar más la ley y el estado de derecho.

Porque si el INE determina que son válidos los informes presentados fuera de tiempo, también estaría aceptando que los periodos de fiscalización no son indispensables para obtener una candidatura, luego entonces, no habría justificación para no aceptar mi solicitud y otorgar un nuevo periodo de recolección de firmas pues ellos mismos estarían desechando los argumentos que usaron para negarla.

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