Avanzamos en la ruta legislativa para reconocer derechos de accesibilidad e inclusión: Víctor Zurita

Las y los diputados en Michoacán avanzan en la ruta legislativa para el reconocimiento de los derechos de accesibilidad e inclusión, celebró el diputado Víctor Hugo Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Este viernes el Pleno Legislativo aprobó el dictamen que otorga el Ha Lugar, a la reforma propuesta por el diputado Víctor Zurita para reformar la Constitución General del Estado, a fin de reconocer en ésta los derechos de accesibilidad e inclusión.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena refirió que la votación de este dictamen permite a la actual Legislatura, “viene a sentar un precedente histórico a favor de las personas con discapacidad en el estado”, lo que permitirá a la actual Legislatura ser recordada “como el Poder de la Inclusión no solo por un eslogan, sino por los resultados”.

“Resulta fundamental que se eleve a nivel constitucional la obligación del estado de generar políticas públicas, que impacten de manera positiva en la inclusión de quienes históricamente han sido relegados”.

Víctor Zurita subrayó que la inclusión no debe ser un concepto aspiracional, debe ser un cambio de paradigma y sobre todo un cambio de las políticas públicas, para que se nos garantice una participación activa en la sociedad.

“Esta reforma va más allá de garantizar solamente la accesibilidad, ya que plantea la obligación a cargo del Estado de promover y garantizar los principios de accesibilidad e inclusión, así como el desarrollo integral de las personas con discapacidad, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario y transversal, que propicien la inclusión en el ámbito político, económico, social, educativo, cultural y urbano, y también establece la necesidad de destinar recursos suficientes para ello”.

Es así como el legislador subrayó que, el objetivo es activar mecanismos para que el Estado realice ajustes razonables para que las personas que viven con discapacidad, puedan disfrutar de todos los bienes y servicios públicos y privados, por ejemplo, crecer dentro de una familia, asistir a la escuela y convivir con compañeros, así como trabajar y participar en la vida pública y política del estado.

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