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Hasta 8 años de cárcel a funcionarios que obstaculicen justicia para feminicidios: Seimujer

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La secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Tamara Sosa Alanís, manifestó su absoluto respaldo a la iniciativa de reforma al Artículo 120 del Código Penal de Michoacán, presentada al Congreso local por parte del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

La iniciativa es una muestra del compromiso por parte del Gobierno de Michoacán para el avance de los derechos de las mujeres, destacó la titular de Seimujer, pues indicó que atiende una demanda que ha sido constante en las víctimas indirectas del delito de feminicidio: la dilación en el acceso a la justicia.

La reforma es innovadora, aseguró Tamara Sosa Alanís, pues introduce penas para los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia.

“Las sanciones para los servidores públicos alcanzarán penas de prisión que irían de los 3 a los 8 años, pero también se contemplan destituciones e inhabilitaciones para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, con sanciones que van de los 3 hasta los 10 años”, señaló la titular de Seimujer.

Además de las penas de prisión o inhabilitación, también se establecerían multas por montos que irían de 500 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Con estas adiciones al Artículo 120 del Código Penal del estado, se refuerzan las sanciones para quienes desde el servicio público, alcancen algún tipo de responsabilidad por no brindar la justicia pronta a las víctimas indirectas del delito de feminicidio, agregó Tamara Sosa.

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